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El ejército de Israel ha continuado este viernes los bombardeos en numerosos puntos de la Franja de Gaza, mientras que en Ráfah los ataques israelíes han obligado a huir a más de 100 000 palestinos, muchos de ellos ya desplazados anteriormente.
El jueves concluyó sin acuerdo en El Cairo una ronda de negociaciones indirectas que buscaban una tregua entre Israel y el movimiento islamista palestino tras siete meses de escalada militar en la Franja.
El presidente estadounidense, Joe Biden, amenazó con suspender las entregas de ciertos tipos de armas a Israel si Tel Aviv lanza una gran ofensiva contra Ráfah, a lo que el primer ministro Benjamin Netanyahu ha respondido que “si tenemos que luchar solos, lucharemos solos”.
El contraalmirante Daniel Hagari, portavoz militar, aseguró que el ejército israelí tiene las armas que necesita para llevar a cabo su ofensiva en Ráfah.
“El ejército tiene las armas que necesita para las misiones que planifica y también para las misiones en Ráfah. Tenemos todo lo que necesitamos”, dijo Hagari a la prensa y afirmó que las relaciones con Estados Unidos siguen siendo fuertes. “Cualquier desacuerdo debe ser resuelto a puertas cerradas”, agregó.
Hasta la fecha, la ofensiva militar de Israel ha dejado en Gaza más de 34 900 muertos y 78 200 heridos (mayormente civiles, sobre todo mujeres y niños), además de otras decenas de miles de desaparecidos, el desplazamiento de más del 85% de la población gazatí y la destrucción de la infraestructura de la Franja.
Según cálculos de Naciones Unidas y el Banco Mundial, divulgados en un informe a principios de abril, para entonces el coste de los daños causados a las infraestructuras críticas de Gaza ascendía a unos 18 500 millones de dólares, el 97% del PIB combinado de Cisjordania y Gaza en 2022.
Se calcula que la destrucción ha dejado 26 millones de toneladas de escombros, una cantidad que se tardará años en retirar. Días atrás, expertos de la ONU dijeron que despejar los escombros y dejar la Franja de Gaza a salvo de bombas sin detonar podría consumir el equivalente a 14 años de trabajos con 100 camiones.
En ese escenario, el ataque a Ráfah, donde ha confluido gran parte de la población gazatí desplazada por los indiscriminados ataques israelíes, agravará la situación en el enclave palestino.
Los tanques israelíes capturaron la carretera principal que divide las secciones oriental y occidental de Ráfah, rodeando efectivamente la parte oriental de la ciudad, y los residentes describieron este viernes explosiones y disparos casi constantes en el este y noreste de la ciudad, en el extremo sur de la Franja de Gaza.
Esta misma jornada, el director de la oficina de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA) para Gaza, Georgios Petropoulos, informó que “unas 30 000 personas huyen de la ciudad cada día”.
Petropoulos señaló que “la mayoría de estas personas tuvieron ya que desplazarse cinco o seis veces” desde que empezó en octubre el asedio militar israelí en Gaza.
Según el director de la OCHA, algunos se dirigen a Jan Yunis, una ciudad en ruinas unos kilómetros más al norte, mientras que otros no saben adónde ir.
“Los tanques, la artillería y el ruido de los bombardeos son incesantes. La gente tiene miedo y quiere buscar un lugar seguro”, dijo a la AFP un desplazado, Abdel Rahman.
Israel despliega desde el martes incursiones en el este de Ráfah y tomó el control de su paso fronterizo con Egipto, clave para la entrada de la ayuda humanitaria. La ciudad acoge a unos 1.4 millones de palestinos, en su mayoría desplazados por los ataques en otras partes de la Franja, lo que hace temer a la ONU un “baño de sangre”.
Agencias de la ONU han advertido de las consecuencias del cierre del paso fronterizo de Ráfah, por donde entran combustible, alimentos y otros suministros humanitarios a Gaza.
La falta de carburante “paraliza por completo las operaciones humanitarias”, dijo Andrea de Domenico, que dirige la Oficina de la OCHA en los territorios palestinos.
Si no llegan suministros de carburante, “las consecuencias se notarán casi inmediatamente”, alertó la directora de Unicef, Catherine Russell.
“Las incubadoras para los bebés prematuros no tendrán electricidad, niños y familias se deshidratarán o consumirán agua no potable y las alcantarillas se desbordarán, propagando enfermedades”, advirtió.